En nuestra Asamblea se habla de las
leyes, y siempre ha sido un ordenador de nuestro trabajo el respecto a la
constitución, los convenios internacionales y la normativa municipal como
herramientas para erradicar la inseguridad.
Es importante que lean el
siguiente escrito porque refiere justamente a que los diputados nacionales
están dejando caer la reforma a la Ley de Trata que busca aumentar las penas a
los traficantes de personas, protocolizar la asistencia a las víctimas y quitar
el consentimiento para este delito que hoy figura en la ley para los adultos.
Artículo
de Gustavo Vera, titular de la Fundación Alameda.
Increíblemente esta semana podría perder estado
parlamentario la reforma de la ley contra la trata de personas que tiene media
sanción en el Senado desde el 31 de agosto de 2011. En efecto, si antes
del viernes 30 de noviembre no se le da la media sanción en diputados (donde el
oficialismo tiene mayoría y quorum propio) el proyecto de reforma de la ley
antitrata volvería a fojas cero, algo que es bastante
probable que ocurra ya que al día de la fecha ni siquiera tiene dictamen de
comisión.
La iniciativa de la reforma no había surgido
de la clase política. Fueron las organizaciones de base antitrata las que impusieron la reforma en la agenda parlamentaria a
mediados del 2010 en base a la declaración conjunta que acordaron en el primer
congreso de organizaciones de base en Villa María. Ese mismo año, todos los bloques parlamentarios reconocieron que la
actual ley de trata (pergeñada en su momento por Aníbal Fernández y Vilma
Ibarra) había sido un fracaso al exigir a la víctima que
demuestre que no hubo «consentimiento» para ser explotada, no preveer un
protocolo de asistencia adecuado y establecer penas ridículas para los
tratantes que hacen que en la Argentina sea más punible el robo de cabezas de
ganado que tráfico de personas. Todos los bloques parlamentarios suscribieron
aquel año un acuerdo donde se comprometían a reformar la ley contra la trata en
el plazo más perentorio posible y atendiendo las demandas de la sociedad civil.
Así
fue que surgió el proyecto de reforma de la ley que tuvo media sanción en
agosto del 2011. El
proyecto era un paso adelante comparado con la ley actualporque
eliminaba el consentimiento y agravaba las penas, aunque en el mismo no se
contemplaba la confiscación y reutilización social de los bienes de los
mafiosos, el reconocimiento como delito de la compra-venta de seres humanos y
aún había notables deficiencias en los planes de asistencia a las victimas. No
obstante, su sanción seria un paso adelante en la lucha contra la trata porque
la sola eliminación de la figura del «consentimiento» dejaría sin coartada a
los esclavistas y los tratantes.
Luego de dos años de cabildeo parlamentario,
está claro que no hay voluntad política de los bloques parlamentarios por
sancionar una nueva ley de trata. Ni
siquiera la tímida reforma actual que ya tenia media sanción. Un congreso que
ha sacado leyes en tiempo record como la del per saltum, claramente no tiene
interés en legislar sobre un delito gravísimo a los derechos humanos como lo es
la trata de personas.
La Argentina tiene hoy más de medio millón
de personas sometidas a la esclavitud en campos y talleres clandestinos, en su mayoría migrantes internos y externos que han sido
reclutados con engaños para ser reducidos a la servidumbre. También se advierte
la existencia de más de ocho mil prostíbulos ilegales donde se esclavizan no
menos de 60 mil mujeres y también menores. La trata y el tráfico de personas no
sólo abarca la esfera laboral y sexual, sino asimismo la de bebés en las
provincias del norte argentino como Santiago del Estero. Es público que en
muchísimos prostíbulos además operan carteles de narcotráfico que los usan para
la distribución mayorista y minorista de estupefacientes. La extensión de estos
delitos no sería posible sin la complicidad y el encubrimiento de importantes
áreas del Estado que por cohecho u omisión permiten que se siga atentando
contra la libertad y dignidad de las personas.
Cabe
destacar que en la misma Argentina donde se esclavizan medio millón de personas
y se multiplican los prostíbulos y la venta de drogas, sólo hay un condenado por lavado de dinero que es un
carnicero cordobés. Nuestro país estuvo a punto de ser
sancionado por organismos internacionales por no cumplir 21 de las 23
condiciones que pactaron la mayoría de los países del mundo en la lucha contra
el lavado de dinero. Claramente la trata, el trabajo esclavo y el narcotráfico
se han convertido en formas de acumulación mafiosa de capital, en la cual se
benefician muchos nuevos ricos que no pueden explicar el origen de su capital.
Para apreciar en su verdadera dimensión como
la mafia esclavista, narco y proxeneta está penetrando de modo
transversal y por todos los poros en el aparato del estado, recordemos algunos
ejemplos:
-
En seis propiedades del Juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
Eugenio Zaffaroni, se pudo acreditar judicialmente la existencia de seis prostíbulos
que funcionaban en red. El delito quedó impune.
-
El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Mauricio Macri, reconoció si ruborizarse que
visitó durante su luna de miel con Juliana Awada (a quien también se le
encontraron talleres clandestinos con trabajo esclavo que cocían para sus
marcas) el prostíbulo «Mix» de Cancún, propiedad de Raúl Martins y Gabriel
Conde, quienes lideran una red de trata y tráfico de personas y están
fuertemente vinculados al cartel de los Zeta.
-
En la delegación oficial de empresarios que viajaron a Angola este año, se
incluyó a los referentes de la Salada que se jactan de contar con miles de
talleres clandestinos con costureros reducidos a la servidumbre y al dueño del
narcoprostíbulo Black que ya tenía causas por trata y narcotráfrico en juzgados
federales.
-
Otra comitiva internacional impulsada por Cancillería, el Ministerio de
Desarrollo Social de Nación y la embajada argentina en Francia llevó a París al
diseñador denunciado por trabajo esclavo y evasión, Benito Fernández.
-
El ex secretario presidencial Fabián Gutiérrez aparece asociado no sólo al
contrabando de autos con franquicias diplomáticas, sino además con el dueño de
Soho acusado penalmente por trabajo esclavo y el de Black, denunciado por trata
y narcotráfico.
-
El Jefe de la Policía de Santa Fé, Hugo Tognoli fue recientemente destituido
por escuchas que lo involucraban con bandas de narcotraficantes y tratantes de
personas.
-
Toda la División de lucha contra la Trata de la Policía Federal fue destituida
luego de la denuncia de la agente Nancy Miño en la que se los acusaba de
regentear prostíbulos, tarifarlos y fraguar pruebas ante la justicia.
Y
la lista podría seguir interminablemente provincia por provincia y municipio
por municipio. La mafia coopta, compra, corrompe al poder político. Y los que
ven claramente esto y se oponen, prefieren callar y dejar hacer.
Esas
son las más profundas razones por las cuales la ley de reforma de la ley de
trata está por perder estado parlamentario. Al congreso parece no interesarle
eliminar el consentimiento, imponer penas más duras y mucho menos confiscar los
bienes de la mafia. Y el negocio continúa, a excepción del carnicero cordobés
condenado por lavado de dinero tan solo para que la estadística no pase
vergüenza.
Quizás como en Italia hace algunos años,
será la sociedad civil movilizada la única capaz de quebrar el andamiaje
mafioso y volver a restaurar los valores de la vida y la libertad.
