La causa
que juzgó la desaparición forzada de María de los Ángeles Verón ha terminado en
un fiasco. Los que confiaron en la estrategia del Gobierno Nacional para
combatir la trata de personas son los primeros decepcionados incluyendo a la señora Trimarco.
Artículo del abogado de la Alameda y vicepresidente de la
Fundación Alameda.
El Gobierno Nacional explotó el caso
para montar un espectáculo mediático y pulsar así todas las cuerdas de la
sensibilidad popular. El caso fue exhibido como el paradigma del interés del Gobierno en la
lucha contra la trata de personas. Este populismo
enmascaró la más completa carencia de adecuadas políticas públicas que debieron
haberse impulsado a partir de la toma de conciencia sobre los ribetes de este
affaire. El Gobierno Nacional impuso en 2008
una ley antitrata inconstitucional e insuficiente
desoyendo las críticas de las organizaciones no gubernamentales, se opuso tozudamente a su posterior modificación, no articuló un sistema adecuado de protección de
las víctimas y de los testigos, estigmatizó como antiargentinos a los que
pretendieron recurrir a las instancias internacionales, banalizó la
problemática de la proliferación de prostíbulos en todo el territorio nacional
en violación a tratados internacionales con jerarquía constitucional y a las
leyes nacionales y apoyó explícitamente a magistrados judiciales imputados
directamente en esta clase de delitos porque eran una pieza clave en el armado
de una estrategia política. Todas estas cuestiones fueron cubiertas exhibiendo
a la señora Trimarco en los actos públicos y despertando las expectativas de
que con el juicio de los autores de la desaparición de Marita Verón iba a
hacerse justicia y a terminarse con el horror de la esclavitud contemporánea.
Los resultados están a la vista. Al árbol por los frutos lo conoceréis.
Lo más dramático es que algunos
sectores del progresismo y de la izquierda hayan creído de buena fe en esta
estrategia. La realidad del caso de la
desaparición forzada de Marita Verón ocurrida en democracia desnuda la terrible
realidad política de la República Argentina: caciquismo; corrupción
generalizada de las agencias gubernamentales, en especial de las fuerzas de
seguridad y de la Justicia; florecimiento del crimen organizado en torno del
narcotráfico y de la trata de personas, entre otros delitos y violencia de
género. El caso de María Soledad Morales en Catamarca, del llamado crimen de la
Dársena en Santiago del Estero y el de la desaparición de Marita Verón son
emergentes de este esquema.
El Gobierno Nacional no ha enfrentado
ni quiere enfrentar estos aspectos de la realidad política porque significa
enfrentar a un sistema del que es parte. Se
prefiere entonces buscar chivos expiatorios: la policía y el servicio de
administración de Justicia de una provincia. No cabe duda de que éstos son
responsables de cuanta cosa se les pueda atribuir, excepto de una sola: ni la
policía ni el servicio de administración de Justicia tienen el manejo de
la cosa pública. Ambos responden verticalmente a los caciques, dueños de
la riqueza y de la maquinaria política y estatal de las provincias. Son los
caciques los que han favorecido las redes de crimen organizado de las que
obtienen recursos y fuerzas de choque. Son también los caciques los que han
puesto a la policía y al Poder Judicial en el triste papel de encubridor
sistemático de narcotraficantes y proxenetas. Y, son también los caciques los
que por la naturaleza patriarcal del ejercicio del poder naturalizan la
violencia de género.
El caso de Marita Verón constituye una puerta abierta a muchas
posibilidades: la reconsideración del esquema de lucha contra la trata de
personas, la reformulación de la forma de hacer política y de administrar
justicia, la decisión de impulsar seriamente la investigación de la suerte de
la víctima de un delito atroz. Pero también puede servir para continuar con la
manipulación populista. De nosotros depende el
destino del caso.
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