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jueves, 13 de diciembre de 2012

El fiasco de la política de Estado contra las redes de trata




La causa que juzgó la desaparición forzada de María de los Ángeles Verón ha terminado en un fiasco. Los que confiaron en la estrategia del Gobierno Nacional para combatir la trata de personas son los primeros decepcionados incluyendo a la señora Trimarco.

Artículo del abogado de la Alameda y vicepresidente de la Fundación Alameda.

El Gobierno Nacional explotó el caso para montar un espectáculo mediático y pulsar así  todas las cuerdas de la sensibilidad popular. El caso fue exhibido como el paradigma del interés del Gobierno en la lucha contra la trata de personas. Este populismo enmascaró la más completa carencia de adecuadas políticas públicas que debieron haberse impulsado a partir de la toma de conciencia sobre los ribetes de este affaire. El Gobierno Nacional impuso en 2008 una ley antitrata inconstitucional e insuficiente desoyendo las críticas de las organizaciones no gubernamentales, se opuso tozudamente a su posterior modificación, no articuló un sistema adecuado de protección de las víctimas y de los testigos, estigmatizó como antiargentinos a los que pretendieron recurrir a las instancias internacionales, banalizó la problemática de la proliferación de prostíbulos en todo el territorio nacional en violación a tratados internacionales con jerarquía constitucional y a las leyes nacionales y apoyó explícitamente a magistrados judiciales imputados directamente en esta clase de delitos porque eran una pieza clave en el armado de una estrategia política. Todas estas cuestiones fueron cubiertas exhibiendo a la señora Trimarco en los actos públicos y despertando las expectativas de que con el juicio de los autores de la desaparición de Marita Verón iba a hacerse justicia y a terminarse con el horror de la esclavitud contemporánea. Los resultados están a la vista. Al árbol por los frutos lo conoceréis.
Lo más dramático es que algunos sectores del progresismo y de la izquierda hayan creído de buena fe en esta estrategia. La realidad del caso de la desaparición forzada de Marita Verón ocurrida en democracia desnuda la terrible realidad política de la República Argentina:  caciquismo; corrupción generalizada de las agencias gubernamentales, en especial de las fuerzas de seguridad y de la Justicia; florecimiento del crimen organizado en torno del narcotráfico y de la trata de personas, entre otros delitos y violencia de género. El caso de María Soledad Morales en Catamarca, del llamado crimen de la Dársena en Santiago del Estero y el de la desaparición de Marita Verón son emergentes de este esquema.
El Gobierno Nacional no ha enfrentado ni quiere enfrentar estos aspectos de la realidad política porque significa enfrentar a un sistema del que es parte. Se prefiere entonces buscar chivos expiatorios: la policía y el servicio de administración de Justicia de una provincia. No cabe duda de que éstos son responsables de cuanta cosa se les pueda atribuir, excepto de una sola: ni la policía ni el servicio de administración de Justicia tienen el manejo de  la cosa pública. Ambos responden verticalmente a los caciques, dueños de la riqueza y de la maquinaria política y estatal de las provincias. Son los caciques los que han favorecido las redes de crimen organizado de las que obtienen recursos y fuerzas de choque. Son también los caciques los que han puesto a la policía y al Poder Judicial en el triste papel de encubridor sistemático de narcotraficantes y proxenetas. Y, son también los caciques los que por la naturaleza patriarcal del ejercicio del poder naturalizan la violencia de género.
El caso de Marita Verón constituye una puerta abierta a muchas posibilidades: la reconsideración del esquema de lucha contra la trata de personas, la reformulación de la forma de hacer política y de administrar justicia, la decisión de impulsar seriamente la investigación de la suerte de la víctima de un delito atroz. Pero también puede servir para continuar con la manipulación populista. De nosotros depende el destino del caso.

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