FOTO: Los gendarmes y una de las fotos que les sacaron a Moyano (hija de desaparecidos) y Espen (Madre de Plaza de Mayo).
El siguiente articulo fue escrito por Mariano Confalonieri y publicado este domingo 27/11/11 en el diario Perfil. Cuando los vecinos convocamos a las autoridades para colocar gendarmes en av. General Paz no fue para cometer estas gravísimas violaciones a nuestras leyes. Ellos deben controlar el delito, no la actividad política de la sociedad civil.
Organismos de derechos humanos, trabajadores y delegados gremiales presentaron una denuncia penal que recayó en el juzgado federal de Norberto Oyarbide y que dejó al descubierto tareas de inteligencia ilegal sobre movimientos sociales y políticos efectuadas por la Gendarmería nacional en los últimos tres años. El espionaje incluso abarcó a una Madre de Plaza de Mayo (Elia Espen) y a una hija de desaparecidos (María Victoria Moyano Artigas). También a alumnos de varios centros de estudiantes de la UBA, que fueron “fichados” por los agentes.
Según documentación a la que accedió PERFIL en exclusiva, los gendarmes se infiltraron más de una vez, de civil, identificaron a los líderes de diversas protestas, sacaron fotos y filmaron. Luego, elaboraron actas que se asemejan a los partes de inteligencia que hacía la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires (Dipba) durante la dictadura militar. Se marca la ideología política de los manifestantes y el rol de cada uno de ellos. También, los gendarmes se infiltraron en reuniones donde los delegados, por ejemplo de Kraft, decidían las medidas a tomar en el marco del reclamo de la reincorporación de empleados. Las fuerzas de seguridad se anticipaban a todas las protestas.
Los términos “cabecilla” y “en forma encubierta” aparecen en las numerosas actas que están en manos de la Justicia en el marco de causas abiertas por reclamos gremiales. Los documentos también revelan la existencia de un Centro de Reunión de Información y de una Base de Datos de la Gendarmería –ubicado en Campo de Mayo– en la que se carga el historial de cada militante o sindicalista.
Además de estar expresamente prohibido por la Ley de Seguridad Interior, la infiltración en protestas de corte político o gremial es ilegal desde que se dictó la Resolución 38/2003. La denuncia fue redactada por la abogada Myriam Bregman, del PTS. Y los que la acompañaron fueron Javier Hermosilla, delegado interno de Kraft, imputado por cortar la Panamericana; Leonardo Norniella (delegado interno de Pepsico); Enrique Kaufman (ex detenido desaparecido), Espen y Moyano, entre otros. Los gendarmes espiaron durante todo el conflicto de Kraft, la fábrica de alimentos, se anticiparon a información de las reuniones de conciliación en el Ministerio de Trabajo y también se mezclaron en una marcha en repudio al asesinato del militante Mariano Ferreyra.
Los Gendarmes infiltrados declararon ante la Justicia en las causas que se les siguen a los militantes sociales y reconocieron sus tareas de Inteligencia. Una de las gendarmes explicó textualmente: “Encontrándose la dicente vestida de civil se entremezcló con la multitud de manera encubierta y comenzó a recabar los datos de las personas en cuestión preguntando el nombre de los cabecillas, obteniendo datos de los imputados”. Bregman, del PTS, consideró que esto, además de la gravedad que tiene, contiene un mensaje: “Si te manifestás por tus derechos, la Gendarmería te espía”.
Los denunciantes pidieron a la Justicia que se determine la responsabilidad penal de funcionarios de Gendarmería y que se determine si existe una estructura de Inteligencia que “sistematiza los datos”.
Compran chalecos con sobreprecio de $ 31 millones
En medio del reequipamiento que la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció para las fuerzas, PERFIL pudo conocer la sospechosa compra de 35 mil chalecos antibalas con una adjudicación directa a la Industrias Militares Israelíes (IMI) de más de $ 100 millones y con sobreprecios.
En la cartera de la calle Gelly y Obes justificaron esa adquisición apelando a una ley de intercambio comercial con el Estado de Israel, promulgada en enero de 2009, y que en algunos de sus artículos es considerada secreta. Sin embargo ya ingresaron al país diez chalecos para ser probados por el Ejército Argentino, y cuyo resultado –según confirmaron fuentes militares– fue negativo debido a que el material adquirido no resistió las perforaciones de los disparos de prueba. Por cada uno de los 35 mil chalecos, la cartera de seguridad pagará unos $ 3.110. El mismo producto fabricado en la Argentina no supera los $ 2.200, según fuentes castrenses. Por lo que el sobreprecio que se abonará es de $ 31 millones. Lo más sospechoso es que el intermediario de la operación entre IMI y la cartera de Seguridad es la empresa Safety International SA, con domicilio en Rodó al 6700, en Lugano. PERFIL fue al lugar para tomar contacto con sus directivos. Nadie contestó; para los vecinos, esta abandonado.
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