Se cumple con el reclamo vecinal. Gendameria pasa a controlar los cruces en av. General Paz

Este martes la ministra de Seguridad Nacional anunció un plan reclamado desde hace meses por los vecinos autoconvocados de la jurisdicción comisaría Nº 44. Nilda Garré presentó un plan de instalar 42 puestos de control en cada cruce que existe sobre la avenida General Paz, lo que será cubierto por 700 efectivos de Gendarmería y Prefectura. “Vamos a cubrir todos los accesos sobre los puentes que hay entre la Ciudad y la Provincia. Son 17 prioritarios y 42 lugares en total” y destacó que se “va a poder controlar delitos que empiezan en una jurisdicción y que terminan en otra”, afirmó. 

Por los dichos de la funcionaria el control será “sobre personas, vehículos y bienes” y “prevenir delitos como robo de autos, piratería del asfalto, contrabando, narcotráfico y trata de personas”. 

El plan será se estructuró en lugares principales (de 17 horas y próximamente con la intención de llegar a 24), alternativos (4 turnos de 4 horas) y eventuales (operativos de saturación en forma no programada con cantidad a determinar en cada caso).

Si bien en una primera etapa habrá personal uniformado, se estima que en un segundo período se dé lugar a un monitoreo con la incorporación de tecnología en tiempo real.

Por otro lado en el día de hoy salió a la luz una denuncia gravísima sobre los efectivos de Gendarmería, ya que se denunció que los efectivos se infiltran en manifestaciones y realizan tareas de inteligencia dentro del territorio nacional.

La denuncia quedó radicada en el Juzgado Federal 7, a cargo de Norberto Oyarbide, y fue presentada por la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas; el delegado de la Comisión Interna de la empresa Kraft Foods, Javier Hermosilla; y la titular de CORREPI, María del Carmen Verdú, entre otros, según informó la agencia DyN.

Los denunciantes señalaron que personal de Gendarmería se habría infiltrado en manifestaciones de empleados de la empresa Kraft y en marchas del Partido Obrero por el crimen del militante Mariano Ferreyra.


"Se trata de una grave violación a los derechos humanos y cuyo resultado nos interesa particularmente ya que involucra directamente nuestra práctica y los derechos de reunión, de manifestación y de asociación", señalaron los denunciantes.