Aquí el artículo publicado en el diario Clarín hoy domingo 31 de julio. Alcanzó tres hojas, con fotos e infografía. Un espaldarazo al trabajo de los vecinos de a pie que la pelean más allá de las intimidaciones de los policías de la comisaría Nº 44, las complicidades judiciales y los ataques de ciertos sectores políticos que no toleran a los vecinos unidos con un fin que no busca lo electoral sino un barrio en paz, sin asesinatos, ni mafias.
La nota cuenta quien dirige la comisaría desde las sombras, Francisco "Chiquito" Beiro Díaz, el actual subcomisario Héctor del Papa que detesta a los vecinos y ong's que investigan y denuncia, más dos fiscales cómplices de la mafia prostibularia.
http://www.clarin.com/zona/vecinos-Liniers-asedio-delito-organizado_0_527347463.html
Convocados en asambleas, trazaron un mapa del delito y se lo dieron al Gobierno, la Ciudad y la Justicia. Acusan a la comisaría 44 de cobrar coimas y liberar zonas. En Versailles los imitaron.
A cualquier director de cine lo criticarían por exagerado: decenas de prostíbulos y talleres de costura clandestinos en los que trabaja mano de obra esclava, kioscos de venta de drogas y paradas de juego ilegal. ¿Es mucho? Hay más: asesinatos, secuestros, asaltos a mano armada y equipos preparados para usurpar casas. La descripción bien podría corresponder a la ciudad de Personville –Poisonville–, elegida por el escritor estadounidense Dashiell Hammet como escenario para su novela Cosecha Roja. Pero este inquietante panorama en verdad describe al porteñísimo barrio de Liniers. Y no hacen falta narradores ni cineastas para subrayar la violencia y el descontrol que asuelan sus calles.
Son los propios vecinos quienes a fines del año pasado, hartos de llorar muertos y presenciar decenas de delitos impunes, comenzaron a organizarse en asambleas para protestar y reclamar. “Las primeras reuniones fueron a fines del año pasado, pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato del taxista Carlos Valdez, el 16 de febrero”, explica Gustavo Vera, titular de la cooperativa La Alameda y motor de las marchas. “Nosotros venimos denunciando ante la justicia a los talleres textiles clandestinos desde hace cinco años, y así llegamos a Liniers. Acá nos encontramos de todo, una verdadera capital del delito organizado. Y todo ocurre gracias a la protección y la complicidad de la comisaría 44”, remata.
Un puñado de datos podrían apuntalar su denuncia. Los policías de esa seccional están acusados de haber participado de tres muertes violentas ocurridas en un año y medio: la del pibe Rubén Carballo, muerto a golpes tras un show del grupo Viejas Locas en Vélez; la del hincha de San Lorenzo Rubén Aramayo, apaleado el 20 de marzo pasado en las afueras del mismo estadio; y la de Ariel Domínguez, el joven muerto el 20 de julio en San Telmo, cuando a un policía de la 44 que hacía adicionales en el Registro de las Personas supuestamente se le disparó su pistola por accidente.
Al borde de la Capital Federal, atravesada por las vías del ferrocarril Sarmiento y cosida por los costurones que la avenida General Paz y la autopista Perito Moreno tejen entre sus calles, Liniers ofrece un territorio propicio para los delincuentes, que de inmediato cruzan a la Provincia para escapar o “enfriar” por un tiempo la mirada de la ley, aprovechando la absoluta falta de coordinación entre las dos jurisdicciones.
En este barrio de clase media, el frondoso mapa del delito –que se actualiza permanentemente– señala con detalle la dirección de 15 prostíbulos, 21 talleres de costura clandestinos, decenas de kioscos de venta de drogas, paradas de juego ilegal, desarmaderos de autos y un larguísimo punteo de robos, asaltos y arrebatos en casas, comercios y espacios públicos, que delinean los contornos de lo que ellos mismos califican como una “zona liberada” (ver infografía).
Las víctimas pueden ser famosas, como el ex ayudante de Diego Maradona Alejandro Mancuso –a quien en los últimos meses asaltaron dos veces– o ignotas; pueden ser del barrio o de lejos, como el empresario a quien secuestraron el sábado pasado para llevarlo hasta su casa en Haedo.
“Yo me había criado acá y después me mudé. Hace seis años que volví a Liniers y no lo puedo creer”, se impacienta Nilda. “A mis hijos les robaron varias veces, pero todos decidimos hacer algo cuando asesinaron a Diego Rodríguez, un chico que trabajaba como modelo publicitario y que era muy amigo de mi hijo. Nos cuesta atraer a los comerciantes: aunque son muy perjudicados, tienen miedo de tirarse contra la policía. Somos un grupo de vecinos que dijimos basta. No tenemos banderas políticas”, subraya Nilda.
Reunidos en la parroquia de San Cayetano, sede habitual de sus encuentros, los demás vecinos que aceptaron hablar con Clarín en representación de la asamblea la escuchan y asienten. Como siempre, la mayoría son mujeres. “Carlos Valdez era mi vecino. Cuando lo mataron tomé conciencia de que si en lugar de él, era yo quien salía a la calle en ese momento, me habrían asesinado a mí”, razona con impecable lógica Silvana, una joven abogada que también puso su profesión al servicio de la causa. “Para mí lo más fuerte fue comprobar que en Liniers hay delito organizado. Eso da mucho miedo. Por eso fue muy importante el apoyo de la Iglesia, primero con el padre Gerardo y ahora con Poroto, y también con monseñor Bergoglio, que vino a dar una misa para apoyar nuestros reclamos”. Junto a ella, el padre Jorge “Poroto” Torres sonríe. Y asiente.
En aquella celebración, hace dos meses, el cardenal evitó los rodeos: “Venimos a pedirle a Jesús que se acerque a esos hombres y mujeres que matan, que explotan, que esclavizan, y les toque el corazón, y les venimos a pedir a ellos, y ojalá alguno nos escuche. Por favor pará la mano, acabala, acordate que mataste a una mamá, a un papá, acordate que vos atropellaste, que esclavizaste a una chica que puede ser tu hermana, tu madre”.
Los vecinos señalan a la terminal de ómnibus de Liniers –cuya habilitación tampoco está muy clara– como una estación clave en la cadena delictiva: “ahí reclutan mano de obra para los talleres textiles y los prostíbulos; llevan, traen y reparten drogas”, explica Lucas Schaerer, un periodista que vive en Versailles –cuyos vecinos junto a los de Villa Luro crearon su propia asamblea y trazaron un nuevo mapa de delitos– y es miembro de la cooperativa La Alameda. “Hubo casos increíbles: un día, una chica bajó de un micro que venía de Bolivia con un cartel en el que se pedía trabajo. Como se desencontró con quien debía esperarla, le preguntó a una mujer dónde quedaba la dirección que llevaba anotada. Esta señora se dio cuenta de que era una víctima inminente, y la mandó a la parroquia. La salvó: un tipo se la quiso llevar de prepo. Por suerte un laico llamó a la policía y evitó el secuestro”.
Un funcionario que trabaja en la terminal confirma la historia de Lucas: “no sabés lo que es esto a la madrugada; llegan los micros de Bolivia y ves bajar a gente que no entiende nada, por ahí ni habla castellano, y enseguida aparecen unos tipos que los meten rápido en combis y desaparecen todos”. En los alrededores de la terminal, las paredes de casas y negocios están tapizadas por carteles que ofrecen trabajo a mujeres y a varones, piden costureros, rectistas y overloquistas. Algunos ni siquiera cuidan las formas, y ofrecen trabajo en tiendas “con cama”. Una invitación a la esclavitud.
La asamblea de Liniers se reúne los miércoles a las 19 en San Cayetano (Cuzco 150) y una vez por mes en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves (Ventura Bosch 6662); la de Versailles lo hace cada dos martes, a las 19, en la iglesia Nuestra Señora de la Salud (Marcos Sastre y Bruselas). La movida está vertebrada por la ONG La Alameda (4115-5071) y el blog Liniers Así No Te Queremos (liniersasinotequeremos.blogspot.com), cuyo creador, Gustavo, comenzó en 2008 a registrar los problemas del barrio. “Con mi socio, El Guasón, salíamos a la noche a ver las veredas rotas, la basura sin recoger, esas cosas. Pero luego comenzamos a recibir denuncias muy graves, y nos dimos cuenta que nuestro espacio servía para articularlas”, explica a Clarín.
“El problema central es la trata de mujeres en los prostíbulos, porque la trata sexual es más redituable que la laboral”, razona Gustavo Vera. “Además, los prostíbulos son puntos clave para la distribción y venta de drogas. Y la comisaría que no hace nada: a veces hasta mandan a los policías a custodiar los talleres o los prostíbulos”.
Aunque el ejercicio personal de la prostitución no es ilegal, la ley nacional de Profilaxis prohíbe en todo el país las “casas de tolerancia” y el proxenetismo: es decir que cualquier tipo de “organización” de aquella oferta está fuera de la ley, y debe ser perseguida por policías, fiscales y jueces aun si no existe una denuncia para hacerlo.
En Liniers, esas reglas parecen no existir. A mitad del año pasado se allanaron cinco prostíbulos, después de que una joven mamá que había sido esclavizada en uno de ellos –ubicado frente a un destacamento policial, tal como comprobó Clarín– hiciera una denuncia judicial. Pero los locales vuelven a abrirse, se mudan cerca, o apenas cambian de nombre. Hubo clausuras desacatadas, otras que se hicieron a medias (apenas una faja sobre el marco superior de la puerta, que ni siquiera impedía abrirla), y algunas muy breves.
“En esta mafia hay varios personajes clave”, dice Vera. “Un policía que desde 2008 está en disponibilidad pero es el ‘comisario en las sombras’ de la 44, que se llama Francisco ‘Chiquito’ Díaz y que fue denunciado por la policía Nancy Miño –de la División Antitrata, que se infiltró en varios prostíbulos– ante el Juzgado federal de Ariel Lijo y el penal 27, y que ya tenía otras tres causas. Otro es Daniel Enrique Bourgeart, alias ‘Gitano’ o ‘Francés’, a quien también denunciamos como jefe de una red de prostíbulos, talleres textiles clandestinos, desarmaderos y juego ilegal ante el juez Lijo.”
Pero hay más: “Un pai umbanda que se llama Oscar y maneja varios prostíbulos; un organizador de usurpaciones que se llama Julio y es ex empleado de Rentas de la Ciudad; un joyero que vive en la esquina de Bruselas y Pedro Lozano, que cuenta con custodia policial permanente como si fuera propia, aunque la ministra Garré lo prohibió; o Miguel, un jefe de calle policial que les coordina y les cobra a los vendedores ‘manteros’ de la zona”, acusa Gustavo Vera.
A su lado está Isabel, las manos cruzadas sobre la mesa, la mirada dulce enmarcada por los anteojos. “Hace unos meses, en la calle, delante de mí, un hombre morrudo intentó robarle una nena a una señora. Yo lo empujé: me golpeó, pero se la pude arrebatar”. Aquella vez pudo. Pero el 17 de abril pasado, cuando su hija Cecilia Agüero volvía a su casa de trabajar y quisieron robarle el auto, no pudo hacer nada: una bala terminó con su vida, y le arrancó un buen pedazo a las de sus hijitos de 2 y 6 años. “Mi objetivo es que se erradique la droga. Los asesinos estaban drogados”, ruega Isabel. El silencio pesa como una condena.
La asamblea de vecinos de Liniers presentó sus reclamos ante el ministerio de Seguridad de la Nación –el 6 de abril, y el 16 de junio pasados–, la Jefatura de Gabinete porteña (en las mismas fechas), la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (el 27 de abril), y regó los juzgados federales, penales y correccionales con media docena de denuncias.“A Liniers no vino nadie del ministerio de Nilda Garré. Sólo mandó gente a las Mesas Barriales de Versailles, un espacio que crearon para escuchar a la gente pero en el que hay poca acción, y además están muy politizadas”, asegura Vera.
Clarín se comunicó con el ministerio de Seguridad para saber por qué aún no le respondieron a los vecinos de Liniers. Al parecer, según algunos trascendidos, la Secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, pensaba recibir esta semana a los referentes de la cooperativa La Alameda, para conocer a fondo las denuncias y planificar respuestas. ¿Será cierto? ¿Será suficiente?
No hay, en este caso, ni secretos ni voces anónimas. Las denuncias tienen rostro, direcciones, anotaciones, documentos. El drama, en fin, es palpable, mientras que las respuestas, por ahora, son apenas un puñado de promesas.
Son los propios vecinos quienes a fines del año pasado, hartos de llorar muertos y presenciar decenas de delitos impunes, comenzaron a organizarse en asambleas para protestar y reclamar. “Las primeras reuniones fueron a fines del año pasado, pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato del taxista Carlos Valdez, el 16 de febrero”, explica Gustavo Vera, titular de la cooperativa La Alameda y motor de las marchas. “Nosotros venimos denunciando ante la justicia a los talleres textiles clandestinos desde hace cinco años, y así llegamos a Liniers. Acá nos encontramos de todo, una verdadera capital del delito organizado. Y todo ocurre gracias a la protección y la complicidad de la comisaría 44”, remata.
Un puñado de datos podrían apuntalar su denuncia. Los policías de esa seccional están acusados de haber participado de tres muertes violentas ocurridas en un año y medio: la del pibe Rubén Carballo, muerto a golpes tras un show del grupo Viejas Locas en Vélez; la del hincha de San Lorenzo Rubén Aramayo, apaleado el 20 de marzo pasado en las afueras del mismo estadio; y la de Ariel Domínguez, el joven muerto el 20 de julio en San Telmo, cuando a un policía de la 44 que hacía adicionales en el Registro de las Personas supuestamente se le disparó su pistola por accidente.
Al borde de la Capital Federal, atravesada por las vías del ferrocarril Sarmiento y cosida por los costurones que la avenida General Paz y la autopista Perito Moreno tejen entre sus calles, Liniers ofrece un territorio propicio para los delincuentes, que de inmediato cruzan a la Provincia para escapar o “enfriar” por un tiempo la mirada de la ley, aprovechando la absoluta falta de coordinación entre las dos jurisdicciones.
En este barrio de clase media, el frondoso mapa del delito –que se actualiza permanentemente– señala con detalle la dirección de 15 prostíbulos, 21 talleres de costura clandestinos, decenas de kioscos de venta de drogas, paradas de juego ilegal, desarmaderos de autos y un larguísimo punteo de robos, asaltos y arrebatos en casas, comercios y espacios públicos, que delinean los contornos de lo que ellos mismos califican como una “zona liberada” (ver infografía).
Las víctimas pueden ser famosas, como el ex ayudante de Diego Maradona Alejandro Mancuso –a quien en los últimos meses asaltaron dos veces– o ignotas; pueden ser del barrio o de lejos, como el empresario a quien secuestraron el sábado pasado para llevarlo hasta su casa en Haedo.
“Yo me había criado acá y después me mudé. Hace seis años que volví a Liniers y no lo puedo creer”, se impacienta Nilda. “A mis hijos les robaron varias veces, pero todos decidimos hacer algo cuando asesinaron a Diego Rodríguez, un chico que trabajaba como modelo publicitario y que era muy amigo de mi hijo. Nos cuesta atraer a los comerciantes: aunque son muy perjudicados, tienen miedo de tirarse contra la policía. Somos un grupo de vecinos que dijimos basta. No tenemos banderas políticas”, subraya Nilda.
Reunidos en la parroquia de San Cayetano, sede habitual de sus encuentros, los demás vecinos que aceptaron hablar con Clarín en representación de la asamblea la escuchan y asienten. Como siempre, la mayoría son mujeres. “Carlos Valdez era mi vecino. Cuando lo mataron tomé conciencia de que si en lugar de él, era yo quien salía a la calle en ese momento, me habrían asesinado a mí”, razona con impecable lógica Silvana, una joven abogada que también puso su profesión al servicio de la causa. “Para mí lo más fuerte fue comprobar que en Liniers hay delito organizado. Eso da mucho miedo. Por eso fue muy importante el apoyo de la Iglesia, primero con el padre Gerardo y ahora con Poroto, y también con monseñor Bergoglio, que vino a dar una misa para apoyar nuestros reclamos”. Junto a ella, el padre Jorge “Poroto” Torres sonríe. Y asiente.
En aquella celebración, hace dos meses, el cardenal evitó los rodeos: “Venimos a pedirle a Jesús que se acerque a esos hombres y mujeres que matan, que explotan, que esclavizan, y les toque el corazón, y les venimos a pedir a ellos, y ojalá alguno nos escuche. Por favor pará la mano, acabala, acordate que mataste a una mamá, a un papá, acordate que vos atropellaste, que esclavizaste a una chica que puede ser tu hermana, tu madre”.
Los vecinos señalan a la terminal de ómnibus de Liniers –cuya habilitación tampoco está muy clara– como una estación clave en la cadena delictiva: “ahí reclutan mano de obra para los talleres textiles y los prostíbulos; llevan, traen y reparten drogas”, explica Lucas Schaerer, un periodista que vive en Versailles –cuyos vecinos junto a los de Villa Luro crearon su propia asamblea y trazaron un nuevo mapa de delitos– y es miembro de la cooperativa La Alameda. “Hubo casos increíbles: un día, una chica bajó de un micro que venía de Bolivia con un cartel en el que se pedía trabajo. Como se desencontró con quien debía esperarla, le preguntó a una mujer dónde quedaba la dirección que llevaba anotada. Esta señora se dio cuenta de que era una víctima inminente, y la mandó a la parroquia. La salvó: un tipo se la quiso llevar de prepo. Por suerte un laico llamó a la policía y evitó el secuestro”.
Un funcionario que trabaja en la terminal confirma la historia de Lucas: “no sabés lo que es esto a la madrugada; llegan los micros de Bolivia y ves bajar a gente que no entiende nada, por ahí ni habla castellano, y enseguida aparecen unos tipos que los meten rápido en combis y desaparecen todos”. En los alrededores de la terminal, las paredes de casas y negocios están tapizadas por carteles que ofrecen trabajo a mujeres y a varones, piden costureros, rectistas y overloquistas. Algunos ni siquiera cuidan las formas, y ofrecen trabajo en tiendas “con cama”. Una invitación a la esclavitud.
La asamblea de Liniers se reúne los miércoles a las 19 en San Cayetano (Cuzco 150) y una vez por mes en la parroquia Nuestra Señora de las Nieves (Ventura Bosch 6662); la de Versailles lo hace cada dos martes, a las 19, en la iglesia Nuestra Señora de la Salud (Marcos Sastre y Bruselas). La movida está vertebrada por la ONG La Alameda (4115-5071) y el blog Liniers Así No Te Queremos (liniersasinotequeremos.blogspot.com), cuyo creador, Gustavo, comenzó en 2008 a registrar los problemas del barrio. “Con mi socio, El Guasón, salíamos a la noche a ver las veredas rotas, la basura sin recoger, esas cosas. Pero luego comenzamos a recibir denuncias muy graves, y nos dimos cuenta que nuestro espacio servía para articularlas”, explica a Clarín.
“El problema central es la trata de mujeres en los prostíbulos, porque la trata sexual es más redituable que la laboral”, razona Gustavo Vera. “Además, los prostíbulos son puntos clave para la distribción y venta de drogas. Y la comisaría que no hace nada: a veces hasta mandan a los policías a custodiar los talleres o los prostíbulos”.
Aunque el ejercicio personal de la prostitución no es ilegal, la ley nacional de Profilaxis prohíbe en todo el país las “casas de tolerancia” y el proxenetismo: es decir que cualquier tipo de “organización” de aquella oferta está fuera de la ley, y debe ser perseguida por policías, fiscales y jueces aun si no existe una denuncia para hacerlo.
En Liniers, esas reglas parecen no existir. A mitad del año pasado se allanaron cinco prostíbulos, después de que una joven mamá que había sido esclavizada en uno de ellos –ubicado frente a un destacamento policial, tal como comprobó Clarín– hiciera una denuncia judicial. Pero los locales vuelven a abrirse, se mudan cerca, o apenas cambian de nombre. Hubo clausuras desacatadas, otras que se hicieron a medias (apenas una faja sobre el marco superior de la puerta, que ni siquiera impedía abrirla), y algunas muy breves.
“En esta mafia hay varios personajes clave”, dice Vera. “Un policía que desde 2008 está en disponibilidad pero es el ‘comisario en las sombras’ de la 44, que se llama Francisco ‘Chiquito’ Díaz y que fue denunciado por la policía Nancy Miño –de la División Antitrata, que se infiltró en varios prostíbulos– ante el Juzgado federal de Ariel Lijo y el penal 27, y que ya tenía otras tres causas. Otro es Daniel Enrique Bourgeart, alias ‘Gitano’ o ‘Francés’, a quien también denunciamos como jefe de una red de prostíbulos, talleres textiles clandestinos, desarmaderos y juego ilegal ante el juez Lijo.”
Pero hay más: “Un pai umbanda que se llama Oscar y maneja varios prostíbulos; un organizador de usurpaciones que se llama Julio y es ex empleado de Rentas de la Ciudad; un joyero que vive en la esquina de Bruselas y Pedro Lozano, que cuenta con custodia policial permanente como si fuera propia, aunque la ministra Garré lo prohibió; o Miguel, un jefe de calle policial que les coordina y les cobra a los vendedores ‘manteros’ de la zona”, acusa Gustavo Vera.
A su lado está Isabel, las manos cruzadas sobre la mesa, la mirada dulce enmarcada por los anteojos. “Hace unos meses, en la calle, delante de mí, un hombre morrudo intentó robarle una nena a una señora. Yo lo empujé: me golpeó, pero se la pude arrebatar”. Aquella vez pudo. Pero el 17 de abril pasado, cuando su hija Cecilia Agüero volvía a su casa de trabajar y quisieron robarle el auto, no pudo hacer nada: una bala terminó con su vida, y le arrancó un buen pedazo a las de sus hijitos de 2 y 6 años. “Mi objetivo es que se erradique la droga. Los asesinos estaban drogados”, ruega Isabel. El silencio pesa como una condena.
La asamblea de vecinos de Liniers presentó sus reclamos ante el ministerio de Seguridad de la Nación –el 6 de abril, y el 16 de junio pasados–, la Jefatura de Gabinete porteña (en las mismas fechas), la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados (el 27 de abril), y regó los juzgados federales, penales y correccionales con media docena de denuncias.“A Liniers no vino nadie del ministerio de Nilda Garré. Sólo mandó gente a las Mesas Barriales de Versailles, un espacio que crearon para escuchar a la gente pero en el que hay poca acción, y además están muy politizadas”, asegura Vera.
Clarín se comunicó con el ministerio de Seguridad para saber por qué aún no le respondieron a los vecinos de Liniers. Al parecer, según algunos trascendidos, la Secretaria de Seguridad, Cristina Caamaño, pensaba recibir esta semana a los referentes de la cooperativa La Alameda, para conocer a fondo las denuncias y planificar respuestas. ¿Será cierto? ¿Será suficiente?
No hay, en este caso, ni secretos ni voces anónimas. Las denuncias tienen rostro, direcciones, anotaciones, documentos. El drama, en fin, es palpable, mientras que las respuestas, por ahora, son apenas un puñado de promesas.
Dos escenarios y una escena
31/07/11
La comisaría. En 492 manzanas que corresponden a los barrios de Liniers, Versailles y Villa Luro, tiene jurisdicción la comisaría 44 de la Policía Federal. Los vecinos de la zona la denuncian por inacción y supuesta complicidad con los delincuentes de la zona.
Invitación a la esclavitud. En las cercanías de la terminal de ómnibus de Liniers, todas las paredes y postes están tapizados por carteles con ofertas de “trabajo” como éstas, en las que sin ningún disimulo se ofrece “cama”. La modalidad de los talleres textiles clandestinos.
Sospecha. En la calle Ventura Bosch al 7200, frente a la terminal de ómnibus de Liniers, funciona un local nocturno que fue denunciado ante la Justicia, varias veces, por la cooperativa La Alameda. De acuerdo a la denuncia, sería un prostíbulo.
La comisaría 44, entre la sospecha y las denuncias
31/07/11
Con 492 manzanas y once puentes bajo su mirada, la comisaría 44 tiene la jurisdicción más grande de la Capital, que atiende con un promedio de 100 policías en cada uno de los tres turnos . La semana pasada prometieron otros 50 policías de refuerzo, que según el nuevo comisario a cargo, ya están trabajando (Ver “Estamos...” ) Las recurrentes denuncias contra la 44 fueron causando varios cambios de comisarios, sin que los delitos cesaran. Cuando en diciembre de 2009, a la salida de un recital del grupo Viejas Locas, asesinaron al joven Rubén Carballo, en la 44 mandaba el comisario Enrique Meta, quien luego se vio enredado en una investigación contra policías suyos que supuestamente participaban de una banda de secuestradores . La muerte a palazos del hincha de Vélez Rubén Aramayo provocó la salida del segundo jefe de la 44, Oscar Dolcemáscolo. La ministra Garré quiso reemplazarlo por la subcomisaria Graciela Larralde, pero ella no aceptó y pidió su retiro. Entonces fue nombrado el comisario Mario Trejo, quien se tomó unos días de licencia y fue reemplazado por Héctor Del Papa. En el barrio, recuerdan a Del Papa por una frase poco feliz: “ no podemos investigar los prostíbulos por culpa de los vecinos y de La Alameda”.
Con la respiración de los vecinos en la nuca, Trejo fue presentando distintos informes con los operativos y acciones que sus hombres habrían realizado para atender las denuncias contenidas en el mapa del delito. Uno de esos informes contiene un párrafo increíble: “tanto en enero de 2011 y por expresas directivas de la Fiscalía C orreccional 5, a cargo de Alfredo Dellagustina; como en marzo de 2011, por directivas de la Fiscalía Correccional 9, a cargo de Jorge Emilio Fernández, no se podían iniciar actuaciones judiciales de oficio por infracción de la ley 12.331 (de Profilaxis, que prohíbe las “casas de tolerancia”)”.
Ese sugerente descargo motivó al abogado Mario Ganora, de la Defensoría del Pueblo porteña, a denunciar a esos dos fiscales ante la Procuración General de la Nación.
“Estamos trabajando”
31/07/11
“Esta comisaría no es del comisario Trejo, es de los vecinos”, dice el comisario Mario Trejo. La respuesta hÍper diplomática, es acompañada por un dato: “Estoy cumpliendo tres meses a cargo”. Lo que se dice, una exculpación.
¿Qué tiene para decir de las denuncias de los vecinos? “Nosotros estamos abiertos a escucharlos a todos y a trabajar con ellos, porque la seguridad es un problema de todos y ya es hora de que entendamos que los vecinos son protagonistas. Pero ojo, que denuncias hay siempre”, dijo Trejo aClarín , el viernes.
Además de desmentir que pidan coimas para encubrir delitos, destaca el apoyo del Ministerio de Seguridad (“nos enviaron un refuerzo de 50 policías”) y si bien admite la existencia de numerosos prostíbulos, sostiene que “a muchos no los podemos ni tocar porque están habilitados como bares”.
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